Las políticas públicas de cuidado infantil en nuestro país presentan dos grandes campos: acciones particulares a partir de los años setenta del siglo pasado y una política de Gobierno no uniforme, dispersa y acotada coyunturalmente.

En derechos de la infancia hay sin duda un rezago contrastante con otros derechos de
la población. Entre el adultocentrismo y el asistencialismo ha sido difícil rebasar la barrera de «los niños son la esperanza de México». Su atención ha recaído en estos dos ámbitos carentes de políticas específicas, sin recursos y sin el personal adecuado para llevar a cabo las tareas necesarias en esta etapa del desarrollo, las cuales no son solo académicas, sino psicológicas y culturales.

El esfuerzo se concentra en educación académica y dogmática y en salud, con sus
restricciones, lo cual reduce todas las acciones públicas a la transmisión de conocimiento y a la atención de la salud física.

A principios de los años noventa se empieza hablar sobre derechos de la infancia en el marco de la firma de la Convención de Derechos de la Infancia, y es hasta entonces, ya tarde, cuando el derecho al buen trato y cuidado de la primera infancia empieza a emerger en la agenda pública.

Si bien con el Programa de Estancias Infantiles se dio cobertura a una población que antes no se había atendido desde instituciones gubernamentales, como fueron madres trabajadoras, jefas de familia sin prestaciones sociales, madres en busca de empleo y madres estudiantes, este siguió siendo insuficiente en las zonas periféricas de las ciudades.

Además, siempre se cuestionó el diferencial del apoyo económico gubernamental entre los centros de cuidado infantil del IMSS e ISSSTE o las estancias infantiles, lo que generó una notoria diferencia en el servicio de un espacio y otro.

Al desaparecer este programa, se percibe un retroceso marcado en el acceso y disfrute de los derechos de las niñas, de los niños y de las mujeres trabajadoras más precarizadas, quienes se quedaron sin opciones públicas. Esta política se sostiene de girones con los exiguos recursos de los Gobiernos estatales, sin un soporte presupuestal ampliado y suficiente.

Si se entendiera la importancia de los cuidados integrales en la primera infancia estos tendrían un impacto transversal en las estrategias de prevención de delito, en la detección oportuna de enfermedades y discapacidad de niños y niñas, y en la atención a los malos tratos y abuso sexual infantil. No es asunto menor, sería un mejor comienzo para atender las desigualdades presentes y futuras.

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AUTORA

Cristela Trejo Ortíz

Abogada feminista, defensora de derechos de la infancia. Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas.

Audio narración: Marisol Casillas

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Punto Dorsal #4
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